Juez Urrutia insiste ante la Corte en polémica decisión de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad
Juez Urrutia insiste ante la Corte en polémica decisión de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad Se le había pedido un informe con los fundamentos de la resolución y ayer el magistrado lo envió. Había considerado el tiempo que llevan encarcelados y reglamentos internacionales sobre derechos de privados de libertad, dice. M. VEGA, A. ZÚÑIGA y J. CASTRO y J. CASTRO Su decisión se conoció en medio de la crisis de seguridad que afecta al país y los cuestionamientos no tardaron. El juez de garantía Daniel Urrutia había autorizado videollamadas para reos de alta peligrosidad --asociados al crimen organizadoy solo un recurso de Gendarmería ante la Corte de Apelaciones de Santiago había paralizado la orden temporalmente.
El tribunal de alzada le pidió esta semana un informe --previo a resolver si correspondía mantener o modificar su ordeny ayer el magistrado res: pondió, insistiendo en su determinación y explicando en qué la había fundado: el tiempo que llevaban encarcelados en el Recinto Penitenciario Especial de Alta Seguridad (REPAS), su nacionalidad y una serie de regla mentos internacionales sobre derechos de los privados de li bertad. Se trata de normas de Naciones Unidas, Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos y Reglas Nelson Mandela, entre otras, "recomiendan mantener vínculos sociales y afectivos a través de comunicaciones periódicas y visitas regulares. Que el ejercicio de este derecho debe darse en condiciones de dignidad, privacidad, higiene y seguridad para ambas partes.
Que lo anterior previene efectos desocializadores de la vida en prisión y mantiene red de apoyo mientras dura el encarcelamiento", consigna su informe, que replica su argumentación original Sin embargo, Gendarmería en el recurso que presentó en la Corte para reclamar de la deci. sión del juez advertía que el hecho de que estos reos puedan "comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas poneen grave riesgo laseguridad del personal y de la población encarcelada". Ahora, no es primera vez que el magistrado se ve envuelto en una polémica: en 2020 otorgó la libertad a más de 10 personas identificadas como dela "primera línea" en el estallido y se le acusó de falta de imparcialidad por la defensa del excarabinero indagado en el caso Pío Nono, debido a sus comentarios en re des sociales, como aquel en que se leía "debemos disolver Carabineros y reemplazarla por una policía democrática", entre Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras. Otras.
Las visitas donde se originó la controversia Todo se originó a partir de unas visitas a recintos penitenciarios efectuadas por Urrutia entre el 18 y 19 de enero pasado, en las que reos hablaron con el juez y escribieron sus solicitudes.
De ellos, la mayoría pidió videollamadas con familiares (ver recuadro). (ver recuadro). (ver recuadro). (ver recuadro). Imputados asociados al Tren de Aragua y al crimen del cabo Palma: Juez Urrutia insiste ante la Corte en polémica decisión de autorizar videollamadas para reos de alta peligrosidad Subsecretario Monsalve: "Nos parece que esta decisión es completamente equivocada" El subsecretario de Interior, Manuel Monsalve, se refirió también ayer a la decisión del juez Daniel Urrutia. "Este es un hecho grave. Por supuesto que estamos en contra", señaló.
A esto, agregó que es necesario que los reos ue tienen relación con el crimen organizado deben "ser aislados del exterior y no pueden seguir ejerciendo la jerarquía que tienen sobre la organización". En la misma línea, Monsalve: manifestó que el fin de los recintos penales es manifestó que el fin de los recintos penales es manifestó que el fin de los recintos penales es tener a los reos aislados de las bandas criminales y que acciones como estas significan que "ese esfuerzo que hace el Estado pierde todo sentido si finalmente un juez los autoriza a comunicarse si finalmente un juez los autoriza a comunicarse por videollamadas con sus familiares, e incluso con, eventualmente, integrantes de la organización criminal" La autoridad apuntó a que desde el Ejecutivo "nos parece que esta decisión es completamente equivocada, que perjudica la seguridad del país, que socava los esfuerzos que hacen las institucio= nes para luchar contra el crimen organizado". Además, hizo hincapié en que "el Ministerio de Justicia y Gendarmería van a usar todas las herramientas que dispone la ley para revertir medidas de esta naturaleza". Diversos parlamentarios y dirigentes, desde Republicanos al PS, rechazaron también la medida.
Tras la visita, el 22 de enero Urrutia envió un oficio dirigido al alcaide de la Unidad Especial de Alta Seguridad Cárcel de M: xima Seguridad en que ordenó a Gendarmería de llevar a cabo los requerimientos de los reos. En ese oficio, el juezcitó gran aparte delos reglamentos y tratados internacionales que incluyó en su informe ante la corte. El 25 de enero, en el Séptimo Juzgado de Garantía, se realizó una audiencia de seguimiento una audiencia de seguimiento una audiencia de seguimiento Las órdenes judiciales se cumplen (.. de la visita carcelaria. En ella el magistrado no compartió las siones de Gendarmería y al final que "las órdenes judiciales se cumplen. Si no quieren cumplirlas, ustedes se hacen cargo de no cumplirlas. Es su responsabilidad adminis trativa y jurisdiccional en su caso.
Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y sida lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran". que quieran". que quieran". que quieran". ). Porque si no, al final lo que ordenen los jueces da lo mismo, y si da lo mismo mejor cerremos por fuera y que hagan todos lo que quieran". DANIEL URRUTIA DANIEL URRUTIA TITULAR DEL 7 JUZGADO DE GARANTÍA DE SANTIAGO EN AUDIENCIA TRANSCRITA, TRAS CUESTIONAMIENTOS DE GENDARMERÍA.
Durante esa audiencia, Ge darmería pidió la incompetencia del juez en la materia, indicando que los imputados en el REPAS "pertenecen a bandas criminales organizadas, asociadas a elementos delictivos, que permean altamente la seguridad no solo del resto de la población penal sino de la seguridad nacional". La entidad agregó que "debe velar por la seguridad de las personas que se encuentran bajo su custodia, del personal de servicio y de los Establecimientos Penitenciarios en General". Resaltando que era conocido que en enero "se han realizado una serie de acciones atentatoias a las inmediaciones del REPAS, a través de rayados y el uso de extintores, llegando inclusivea amenazar de muerte al Sr. ministro de Justicia y DereSr. ministro de Justicia y DereSr. ministro de Justicia y DereSr. ministro de Justicia y DereSr. ministro de Justicia y DereSubsecretario del Interior, Manuel Monsalve. nuel Monsalve. chos Humanos, al Sr, Director Nacional de Gendarmería de Chile y a la Jefatura de la referida Unidad Penal" "Atenta contra la seguridad pública" Según el subdirector Operativo (5) de Gendarmería, coronel Luis González Báez, el fallo de Urrutia "atenta gravemente el régimen interno de la unidad penal, y atenta contra la seguridad pública.
Hay que preguntarse por qué estos internos se encuentran recluidos y cuál es el espíritu del recinto penal de alta seguridad (... , es que esos internos, bajo ningún motivo se puedenarticular nuevamente o puedan cometer ilícitos desde el interior de la cárcel". Gendarmería explica que en el área de Alta Seguridad no se (Que reos peligrosos puedan) comunicarse libremente con terceros a través de videollamadas pone en grave riesgo la seguridad del personal y de la población encarcelada". EXTRACTO DE LOS ARGUMENTOS DE GENDARMERÍA CONTRA FALLO DE URRUTIA Daniel Márquez Meléndez, se le imputa ser integrante de Los Gallegos, brazo operativo del Tren de Aragua. José Candurín Meléndez, se le atribuye ser miembro de una banda dedicada a secuestros conocida como Caracas, se lo vincula con el Tren de Aragua Yondri Martínez Garcés, también vinculado al grupo Caracas. Edward Nava Navarro, definido por la fiscalía como encargado de la distribución de la droga del Tren de Aragua en la RM Zeus Velásquez Aquino, asociado al Tren de Aragua. Vilmar Díaz Jiménez, imputado como uno de los líderes de una banda colombiana de narcotráfico David Fuentes Escalona y Ovicmarlixon Garcés Brice= ño, imputados por el crimen del cabo de Carabineros Daniel Palma, en 2023. Carlos Retamal Farías, identíficado como líder dela banda Los Macacos. Genaro Restrepo García, asociado al grupo narco Los Naros. Rafael Marín Vielma, imputado por narcotráfico. Javier López Robles, asociado al tráfico de drogas. Freddy Camacho Sabogal, detenido por tráfico de drogas.
Enla mitad de los casos se permitió que pudieran efectuar videollamadas, principalmente con familíares, mientras que en los restan= tes se trató de permisos para recibir vistas de sus madres en el penal y, en un caso, de una visita íntima.
También, el juez Urrutia dio curso a dos solicitudes para que ls entrevistas con el abogado defensor "solo sean grababas visualmente y no por audio", permiten videollamadas ni visitas íntimas; aunque si se per= mite visitas y comunicación mediante locutorios. En esta parte del recinto carcelario tampoco se permiten llamadas, aunque explican que eventualmente, si lo dicta un tribunal, se pueden permitir videoconferencia en el contexto de una audiencia, pero no para contactos con terceros. A su vez, el ministro de Justicia (s), Jaime Gajardo calificó como "gravísimo" el fallo de Urrutía.
Entrevistado en Mega, agregóel jueves que "estos son los lfderes más peligrosos de las bandas criminales que están azotando la seguridad del país". Mientras que ayer el Ministerio Público, mediante un comunicado indicó que ha estado en coordinación con Gendarmería "revisando tanto la apelación como el recurso de hecho, esperando la oportunidad pertinente para hacernos parte de la misma y lograr la revocación de la decisión del juez de garantía". sión del juez de garantía". sión del juez de garantía". Expertos cuestionan "implicancias de seguridad" de la resolución por la naturaleza de los internos y plantean que la última palabra la tendrá el tribunal de alzada capitalino Contrarios a la decisión del juez Urrutia, principalmente por sus efectos en el sistema carcelario y la peligrosidad de los reos involu= erados, se muestran en general los expertos.
Así, aunque el exsenador y exsubsecreta= rio de Interior de Ricardo Lagos, Felipe Harboe, recuerda que "la decisión (del magistrado) está dentro de sus facultades", advierte que "el cuestionamiento es a las implicancias de seguridad de dicha decisión, considerando la naturaleza de los delincuentes y las organizaciones criminales a las que pertenecen". Por ese perfil, añade, resulta "clave indagar las razones que tuvo en vista el juez, para saber si se trató de su convicción, un error, descriterio, o de una decisión que revele algún tipo de compromiso o tomada bajo amenaza". En la misma línea, Pía Greene, del Centro de Estudios para la Acción y Prevención en Seguridad Pública y Crimen Organizado de la U. San Sebastián (USS), plantea frente al, caso que "las autoridades correspondientes Cristián Riego, profesor de Derecho Procesal dela U. Diego Portales. cho Procesal dela U.
Diego Portales. van a tener que averiguar si es que esto es un caso de negligencia o una decisión equívoca solamente". Y añade que se debe pensar "en una política integral de cárceles, porque ciertamente el sistema no está funcionando, y esto está reproduciendo el crimen organizado" Mientras que el académico de la U.
Diego Portales Cristián Riego recuerda que tras la suspensión efectuada por el tribunal de alzada capitalino a la decisión del magistrado, este analizará los argumentos que tuvo a la vista para dar acogida a las solicitudos por parte de los internos: "Sila Corte considera que los argumentos (de Urrutia) son correctos (se= guirá su curso), sino, que es lo más probable, la resolución será revocada". "Los jueces deciden normalmente este tipo de casos, pero no es común que se opongan a decisiones de Gendarmería cuando hay cosas tan importantes en juego", puntualiza.
Por su parte, la académica de la U. de los Andes Tatiana Vargas asegura que la autorización de reos de la cárcel de alta seguridad para videollamadas luego de una visita carce= laria "revela las falencias y peligros de un sistema de ejecución penal inexistente". Y, explica, Gendarmería "debió interponer un recurso de hecho, ante la falta de un sistema legal en casos de reos de alta peligrosidad.
Ahora está en manos de la Corte de Apelaciones de Santiago evaluar los reales riesgos de medidas que, en principio, no están prohibidas". Greene precisa que "estamos en un círculo vicioso que lo único que hace es permitir que ¿ gente dentro de las cárceles siga comunicado con el exterior, sigan escalando los delitos y sigan manejando organizaciones criminales desde dentro de los penales". A lo que Vargas agrega que con estos mecanismos se busca "un régimen peniten= ciario especial, de mayor gravedad, que se comprende por los riesgos de condenados vinculados con el crimen organizado", pero, reitera, "no existe un régimen de excepción legal y las medidas de incomunicación están establecidas para casos muy particulares, como el quebrantamiento de condena". "Esto no quiere decir que no se puedan evaluar peligros para la seguridad de la población carcelaria y de la población en general", precisa.
La profesora de la USS, por su parte, recuerda que cuando una persona entra a la cárcel "es para poder estar aislada de la sociedad mientras se rehabilite y, eventualmente, se puede reinsertar posterior al cumplimiento de su sanción, pero que los internos tengan capacidad de comunicarse con el exterior no debería suceder" exterior no debería suceder" exterior no debería suceder" Tatiana Vargas, profesora de Derecho Penal de la U. de los Andes, cho Penal de la U. de los Andes,.