"La Fiscalía no tiene capacidad de auto investigarse por varias razones tanto estructurales como culturales"
"La Fiscalía no tiene capacidad de autoinvestigarse por varias razones tanto estructurales como culturales" Roberto Navarro abogado talquino y Doctor en Derecho "La Fiscalía no tiene capacidad de autoinvestigarse por varias razones tanto estructurales como culturales" Con un acabado conocimiento del actual sistema penal a nivel teórico y práctico evalúa sus avances y retrocesos a 23 años de su puesta en marcha en la Región del Maule Con la mirada del tiempo ¿ la Reforma Procesal Penal cumplió con sus promesas? "Es una pregunta difícil de responder porque las promesas, es decir, los fines y objetivos de la Reforma Procesal Penal, fueron variados y complejos. El proceso de sustitución del antiguo proceso penal comenzó a gestarse durante la etapa final de la dictadura. Una vez recuperada la democracia, el objetivo central fue democratizar el sistema de persecución penal y ello requería sustituir el proceso penal.
Lo que se pretendía inicialmente era que el proceso penal incorporara plenamente los derechos fundamentales en la investigación y el juzgamiento, es decir, que las sentencias que dictaran los tribunales fueran legítimas desde una perspectiva democrática.
Con ello no se quería decir que los jueces fueran malas personas o antidemócratas". ¿Cuál era la situación que se quería reformar? "El diagnóstico era que la estructura del proceso, es decir, la forma en la que estaba diseñado por la ley, no se ajustaba a los estándares de legitimidad determinados por el pleno respeto de los derechos fundamentales.
Si al término de la dictadura, la misión era incorporar a Chile en el concierto internacional, debíamos ajustar nuestras normas a los criterios y reglas que comparten la mayoría de los países del mundo occidental". ¿Y cómo evolucionó con los años? "En el proceso de discusión de la reforma procesal comenzaron a surgir otras perspectivas y enfoques diferentes.
Uno de ellos fue el de la gerencialización, es decir, un enfoque en el que la inversión de recursos debe hacerse de acuerdo con criterios de racionalidad económica, muy propio de las formas capitalistas de hacer las cosas en el nuevo orden económico que triunfó después del término de la guerra fría.
Otra corriente que comenzó a hacerse presente en la discusión, y que ha tenido un fuerte impacto en los 24 años desde la entrada en vigor del Código Procesal Penal, ha sido la tensión entre garantías y eficacia. La casi totalidad de las varias y quizás demasiadas reformas que se le han introducido al sistema penal desde el año 2000 cuando entró en vigor, apuntan en esa dirección. Se estima que reconocer garantías a los imputados resta eficacia al sistema.
Y esa es una discusión extensa, cruzada por discursos demagógicos y no siempre fundada en evidencia". ¿Cuál es la raya para la suma? "Sin perjuicio de ello, creo que la Reforma Procesal Penal sí ha significado un evidente avance en términos de democratización de nuestro sistema de persecución penal.
Quedan pendientes desafíos de racionalización del sistema y de aplicación igualitaria, ya que el sistema sigue teniendo una especial efectividad respecto de ciertos delitos que se relacionan con determinados estratos socioeconómicos, y una mucho menor eficacia en contra de otros". ¿Las instituciones creadas por la RPP están de acuerdo con las ex. "La Fiscalía no tiene capacidad de autoinvestigarse por varias razones tanto estructurales como culturales" pectativas? "A prácticamente dos décadas y media de aplicada la reforma procesal penal razón por la que ya no es preciso referirse a ella como una `reforma' propiamente tal urge su diagnóstico profundo y serio. Dentro del sistema de persecución penal, la estructura orgánica del Ministerio Público es lo que, a mi juicio, requiere la revisión más urgente.
Sin perjuicio, además, de revisar la propia estructura del Poder Judicial". ¿Qué ocurre con el Ministerio Público? "Enfocado en la Fiscalía, hay nudos en su diseño que, por un lado, impiden que este organismo sea completamente eficaz; y, por otro, que facilita que se den en su interior prácticas reñidas con la probidad.
Los hechos que hemos conocido públicamente a raíz de investigaciones periodísticas que demuestran la importancia de la libertad de la prensa, si se me permite ese inciso y que involucran a fiscales y ex fiscales, muestran que se necesitan reformas mayores". ¿Dónde focalizar los cambios? "Un primer problema -a mi juicioes la estructura jerarquizada y piramidal que tiene la Fiscalía, en la que todos dependen del Fiscal Nacional; y ese modelo se replica a nivel regional: fiscales y funcionarios dependen, a su vez, de los fiscales regionales. Eso debe cambiar urgentemente.
No es una casualidad que el nombramiento del Fiscal Nacional suscite tanto interés entre los políticos; y la experiencia muestra que las personas que han sido designadas en ese cargo no son, necesariamente, los candidatos más solventes técnicamente.
La adopción de decisiones, como el nombramiento de una autoridad como es el Fiscal Nacional, que se hace dándole preeminencia a los intereses personales o de sectores económicos o políticos, en desmedro del interés común de la sociedad, obedece a la definición misma de corrupción. La dirección del Ministerio Público debería estar en manos de un cuerpo colegiado, es decir, de un grupo de personas, integrado por fiscales, pero también por funcionarios y personas externas a la institución.
Es este grupo el que debería decidir las políticas de persecución penal, pero también debería controlar el cumplimiento de la ley y la adhesión irrestricta a la probidad". ¿Qué cambios hacer a nivel de las fiscalías regionales? "Por debajo del nivel nacional, creo que adoptar una regionalización de la Fiscalía que coincida con la organización administrativa del país, es innecesario. Ello hace que la Fiscalía le sea más cara a las y los contribuyentes y no reporta, necesariamente, un beneficio. Por el contrario, la Fiscalía debería estar organizada sobre la base de zonas geográficas determinadas por la realidad de los fenómenos delictivos que debe enfrentar. El sistema de elección de Fiscal Regional genera incentivos perversos.
Por un lado, tensiona la institución, en un proceso en el que hay ganadores y perdedores; y obliga a los interesados en ser fiscal regional a establecer contactos con el Poder Judicial para lograr su nominación en la terna respectiva. Por otro lado, el plazo constitucional para el ejercicio del cargo no asume el problema de qué va a hacer el o la Fiscal Regional cuando ese período concluya. Eso hace que muchos fiscales regionales comiencen a buscar un trabajo en la etapa final de su período. Y en ese escenario, solo nos queda confiar en la probidad de esas personas de que no usarán su cargo para buscar alternativas profesionales. Los hechos que hemos conocido públicamente podrían mostrar, de ser efectivos, que no siempre podemos confiar.
Por eso, estimo que cada zona geográfica de la Fiscalía debería estar coordinada por un fiscal o un grupo de fiscales que no dejen de ser fiscales, de modo que, cuando acabe su período, siguen con sus funciones normales.
La coordinación en cada zona geográfica debería estar enfocada en la administración de los recursos disponibles, su inversión en la realización de las funciones y en la identificación y análisis de los fenómenos delictuales presentes en esa zona, con el fin de aplicar los criterios de persecución a tales problemas". ¿Está el Ministerio Público preparado para investigarse a sí mismo? "La respuesta, a mi juicio, es definitivamente negativa, por varias razones, tanto estructurales como culturales. La Fiscalía no tiene capacidad de autoinvestigarse.
Estructuralmente, porque la decisión final queda radicada solo en el fiscal nacional, quien tiene la potestad sancionadora dentro de la institución, y este puede resolver de acuerdo con el criterio que, prudencialmente, le parezca más acertado. Y esos criterios pueden, sin problemas, no mostrar apego alguno a la probidad. Nuevamente, a las y los ciudadanos solo nos queda confiar en la probidad de esa autoridad, pero sin mecanismos efectivos de control. Aquí aparece, otra vez, el carácter jerárquico del Ministerio Público como un obstáculo. SIGUE EN LA PÁGINA 18. ¿ Quién es? Roberto Navarro Dolmestch es abogado de la Universidad de Talca y Doctor en Derecho por la Universidade da Coruña, España. Es parralino de nacimiento, pero talquino de crianza. Estudió en el Liceo Abate Molina en Talca.
En su carrera profesional destaca haber sido parte del Ministerio Público por once años, institución en la que se desempeñó como abogado asesor en la Fiscalía Nacional, en la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y en la del Maule. Postuló como Fiscal Regional del Maule, pero no fue designado para desempeñar ese cargo. Después de formar parte del Ministerio Público, emprendió su carrera académica, como docente en la Universidad Autónoma de Chile sede Talca y luego en la Universidad Católica del Maule.
Actualmente, es investigador y académico en la Facultad de Derecho de la Universidad de Tarapacá, sede Iquique, ciudad en la que reside. el mecanismo que ha definido la Fiscalía para autoinvestigarse internamente es obsoleto, carente de garantías y de control público. La Fiscalía ha mostrado una opacidad intolerable en el ejercicio de su función disciplinaria. Por ejemplo, no es de conocimiento público cuántas investigaciones administrativas se hacen, los hechos que se indagan, ni cuáles son los resultados. Ello impide el control público, pero también impide la defensa de las personas investigadas internamente. Asimismo, que sean fiscales los que deban investigar a otros fiscales y funcionarios es un problema, porque tensiona innecesariamente la función de esos fiscales investigadores, quienes carecen de incentivos reales para ejercer su función eficientemente.
Y este último es un factor, a la vez estructural y cultural”. ¿ Qué observa del sistema de nombramiento del Fiscal Nacional? “La figura del Fiscal Nacional en la actual estructura orgánica hace que su nombramiento despierte los intereses de las más variadas naturalezas: políticas, económicas y sectoriales, entre otros. Por ser la cabeza de la Fiscalía, y al ser esta institución jerarquizada piramidal, con el nombramiento del fiscal nacional se deciden las posibilidades de controlar a esa institución. Si a eso se suma la intervención del Ejecutivo y del Senado en su nombramiento, debemos aceptar que criterios políticos serán relevantes en esa decisión. Pero una pregunta distinta es si es democráticamente tolerable aceptar que en esa decisión los argumentos político-partidistas sean incidentes.
Atribuir la dirección de la Fiscalía a un órgano colegiado pluralista descomprimiría esa presión, haría más difícil intervenir en la Fiscalía y permitiría un mayor control público de la institución”. ¿ Cómo se interpreta esta vuelta de mano del sistema político al presentar acusaciones contra ministros de la Corte Suprema? “Es un mecanismo que está previsto en la Constitución y, como tal, está dentro de las posibilidades que prevé nuestro sistema político. Pero la reflexión que debemos hacer creo que está más allá de si es buena o mala la existencia de la acusación constitucional. Tenemos una grave de crisis de probidad.
Hasta el momento, nuestra reacción social ha sido aumentar las penas para los delitos de corrupción; y esa estrategia no ha dado resultados”. ¿ Cómo afrontar la corrupción en la justicia? “Creo que debemos adoptar un cambio de enfoque. La corrupción no solo se combate con mayores penas que, en lo particular, no han demostrado ser lo suficientemente desalentadoras de actos de corrupción. Se requiere analizar el problema con un enfoque sistémico: el problema de la corrupción surge por una distribución errada del poder político y administrativo. En otras palabras, que la mejor estrategia para instalar la probidad dentro de la cultura institucional y de los privados es desarmar los nudos de concentración del poder.
La corrupción es posible porque las decisiones están concentradas en pocas personas; y esas pocas personas se eligen o designan de acuerdo con mecanismos que permiten seleccionar a las personas “adecuadas, esto es, a quienes ofrecen garantías de ser funcionalmente serviles a los intereses sectoriales que tienen la capacidad de controlar los procesos de toma de decisiones. Uno de nuestros principales obstáculos para el desarrollo está en que contamos con instituciones funcionales a las élites políticas, económicas o ideológicas, lo que produce una institucionalidad que puede, incluso, despreciar el interés público”.