Autor: SOLEDAD BARRÍA Universidad de Los Lagos, exministra de Salud, coordinadora Consejo Asesor para la Atención Primaria Universal ALEJANDRA CARREÑO Centro Salud Global Intercultural-UDD, Coordinadora Red Chilena de Investigación en Salud y Migración Colectivo Ues por el Territorio

Más barreras para migrantes
Señor Director: El 24 de septiembre pasado los medios oficiales de la Cámara de Diputados y Diputadas reportan que en la comisión de Gobierno Interior de la Cámara prosigue la discusión y votación particular del proyecto (boletín 16072) que modifica una serie de normas en materia de migración.
En calidad de académicos dedicados a temas de salud pública, nos sorprende tristemente que la reforma considere la modificación del artículo 15 de dicha Ley, que obligaría a los establecimientos de saluc a exigir a las personas migrantes en situación irregular su enrolamiento en el Registro Civil, situación que acrecentaría las barreras que actualmente encuentran migrantes en condición irregular para acceder a salud, a pesar de la existencia del decreto 67.
En este sentido es importante recordar que el Estado de Chile y el Ministerio de Salud deben garantizar el cumplimiento del Artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, suscrito por Chile en septiembre de 1969, que reconoce el derecho a la salud para todas las personas presentes en su territorio.
Esto implica impedir la modificación de las condiciones que garantizan la estricta separación que debe existir entre los servicios de salud y las fuerzas del orden, incluidas las autoridades migratorias, de acuerdo al Derecho Internacional y a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud.
Recordamos, además, que dicha modificación puede resultar inconstitucional en cuanto la actual Constitución asegura a todas las personas, sin distinción, el derecho a la protección de la salud y el acceso a los sistemas de salud en igualdad de condiciones.
De la evidencia que diversos académicos hemos recogido en los últimos años emerge que esta modificación pone en riesgo no solo la salud de personas migrantes, sino que amenaza la salud pública de todo el país.
Por ejemplo, si los niños y niñas hijos de personas migrantes no pueden tener sus controles y vacunaciones al día, ello no solo compromete los derechos de esos niños y niñas, sino los de toda la población.
Invitamos a los legisladores y al Ministerio de Salud a considerar la evidencia científica existente y a no dejarse llevar por populismos superficiales que pueden debilitar los significativos logros que hemos alcanzado en materia sanitaria, por los que nuestro país es reconocido a nivel regional.