Autor: CRISTIÁN DE LA MAZA RIQUELME

Capacidades estratégicas y personal militar
Capacidades estratégicas y personal militar En las últimas semanas se ha generado un debate sobre temas de Defensa que se confunde con la contingencia política de corto plazo, cuando lo que se requiere es mantener una visión de Estado. En ese sentido, es necesario transitar desde el debate a la acción efectiva, partiendo con la base de políticas de Estado y marcos legales ya definidos. Un ejemplo de ello es el debate sobre aportes pendientes al Fondo Plurianual de Capacidades Estratégicas y al fondo de contingencia, donde se requiere dar certezas respecto del financiamiento en el mediano plazo. La ley establece que el Plan de Desarrollo actualizado y el aporte anual necesario, que incluye un aporte basal, debe ser presentado por Defensa al Congreso durante el primer semestre.
Con ello se evita mezclar este análisis con la discusión de presupuesto anual, impidiendo forzar el dilema conocido como “cañones versus mantequilla”. Otro aspecto relevante es la disminuida cantidad de conscriptos y tropa profesional, y su impacto en la capacidad operacional de la fuerza terrestre. El “téngase presente” del comandante en jefe del Ejército (CJE) el 28 de octubre es un aviso oportuno de que no hemos logrado como Estado resolver un problema que se arrastra por muchos años.
Lo que bien releva el CJE es que este déficit de personal militar entrenado no solo afecta a las tareas prioritarias y permanentes de la Defensa, sino también afecta a la capacidad de despliegue territorial y al cumplimiento de tareas excepcionales que se han transformado en cuasi permanentes, como son los estados de excepción constitucional en la macrozona sur, control de fronteras, y el apoyo en emergencias y catástrofes. La Política de Defensa 2020 destaca la relevancia del factor humano y la necesidad de un robusto sistema de captación, educación, capacitación, entrenamiento y retención del personal de las Fuerzas Armadas.
En el caso particular del Ejército establece la necesidad de “avanzar hacia una reducción del impacto sobre la disponibilidad permanente de las capacidades que genera la actual dependencia del Servicio Militar Obligatorio, mejorando el balance con el sistema de Tropa Profesional y Planta”. Estas definiciones y orientaciones son políticas de Estado que trascienden los gobiernos, siendo necesario apurar las acciones para reducir rápidamente este déficit, con incentivos económicos, de desarrollo personal y proyección en el tiempo. La responsabilidad no puede asignarse solo al Ejército o al Ministerio de Hacienda.
Esto es parte de un trabajo conjunto e interagencial, coordinado por el Ministerio de Defensa, para avanzar en temas de presupuesto, infraestructura, rediseño de la estructura de fuerza y despliegue operacional, incluyendo los cambios legislativos y reglamentarios necesarios.
Chile necesita de FF.AA. modernas y con una adecuada cantidad de personal disponible y entrenado para cubrir sus misiones en todo tiempo en apoyo a la defensa, seguridad y desarrollo de nuestro país, condiciones básicas para lograr el bien común de la sociedad. Es un deber para los chilenos cooperar, con mirada de Estado de largo plazo, para avanzar hacia este objetivo..