Royalty: un opaco debut
Royalty: un opaco debut Un debut poco promisorio está teniendo el uso delos recursos que, asociados a la recaudación delnuevo royalty minero, el legislador otorgó a losmunicipios. Esta disposición, promulgada y pu-blicada en agosto de 2023, estableció, entre otros aspectos, la creación de tres fondos para el desarrollo regional y co-munal. El primero, asignado a los gobiernos regionales parael financiamiento de inversión productiva.
Un segundo, pa-ra distribuirse entre las que dicha ley define como “comu-nas mineras”. Y el tercero, un fondo complementario alFondo Común Municipal, denominado Fondo de EquidadTerritorial (FET), el cual prioriza a las comunas de acuerdocon un conjunto de indicadores, donde la vulnerabilidad desu población juega un papelcentral. Los dos fondos muni-cipales son de libre disposi-ción y sus asignaciones co-mienzan a operar a partir deeste año. Sin embargo, en el debate presupuestario 2024, sepromovió un “Fondo puente” para adelantar el equivalenteal 50% de los recursos que correspondía asignar en 2025. Así, en el Presupuesto 2024 se definieron casi 94 milmillones de pesos; un 76% de este monto quedó en el Fondode Equidad Territorial. En cuanto a la distribución, el Fondode Comunas Mineras fue recibido por 43 municipios, 36 delos cuales también recibieron el FET. Otras 264 comunassolo obtuvieron recursos del Fondo de Equidad Territorial, mientras que 38 no accedieron a ninguno de estos fondos.
Las normas para la administración de estos recursos esta-blecieron que su uso debe ser informado en una plataformaque, para estos efectos, diseñó la Subsecretaría de Desarro-llo Regional y cuya gestión debía realizarse en una cuentacorriente única. Los antecedentes sobre su empleo, sin em-bargo, distan hasta ahora de ser satisfactorios. En efecto, en el primer informe consolidado de infor-mación circularizada de 2025 divulgado por la ContraloríaGeneral de la República, se da cuenta de una implementa-ción alejada del espíritu normativo acordado. Así, al 30 deseptiembre pasado, un 44% de los 307 municipios benefi-ciados no había informado la ejecución de sus desembolsos. Otro tres por ciento lo hizo con antecedentes incompletos. Por ello, a esa fecha se conocía apenas un 18,7% de la distri-bución del presupuesto puente. Y la gran mayoría de estosdineros (46%) se había destinado a transferencias corrien-tes. Habrá que analizar estos desembolsos con más detalle, particularmente las transferencias, para evaluar los usos da-dos. Por de pronto, llama la atención que apenas un 8,7% delos dineros informados haya sido destinado a iniciativas deinversión. En el proceso legislativo se discutió si no era con-veniente, como ocurrió conlos fondos asignados a los go-biernos regionales, acotartambién su uso. Es un asuntoque, con más antecedentes, debería volverse a revisar. Es importante, en todo caso, que exista efectiva trans-parencia y escrutinio público en el uso de estos dineros, pa-ra que los electores puedan evaluar apropiadamente a susgobiernos locales. Y, a propósito de esto, es desde ya preo-cupante que, a pesar de las exigencias, solo el 22 por cientode los municipios informasen cuenta corriente exclusivapara estos fines. Ello revela una dejación inaceptable porparte de los respectivos gobiernos locales. El cuidado de losrecursos públicos y el fortalecimiento de las instituciones, indispensables para el buen funcionamiento de la democra-cia, exigen, desde el primer momento, una atención cuida-dosa a las normas. De lo contrario, se instala una cultura deanomia que termina siendo una fuente de inestabilidad pa-ra la vida en común. Y es que si las propias autoridades ele-gidas incumplen las normas, las desconfianzas se multipli-can, las posibilidades de polarización se incrementan y sedebilitan las bases de una vida social armónica. Se revela una dejación inaceptable por partede disntos gobiernos locales..