Nueva Ley de Migración: ¿Qué aspectos clave se deben considerar?

Universidad Viña del Mar ¿ Por qué son importantes los derechos y una mayor participación? Tras siete años en el Congreso comenzó la semana pasada la discusión en la Cámara del Senado del proyecto que moderniza la ley de migraciones de Chile. Dicho debate tuvo opiniones cruzadas entre los parlamentarios, esto debido particularmente a dos indicaciones que la oposición logró aprobar durante la revisión de la iniciativa en su paso por diversas comisiones. La Dra. en Sociología y académica de la Escuela de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Viña del Mar (UVM), Carolina Pinto Baleisan, considera que este proyecto cuenta con un enfoque de derechos humanos, el que en contexto de pandemia reactualiza dos desafíos esenciales para el proceso. “Primero, abordar el problema de la irregularidad migratoria. Los Estados quienes la crean no proporcionan oportunamente los medios para reconocer la presencia de personas migrantes en sus territorios, esto vulnera sus derechos en las sociedades de acogida, en particular su acceso a prestaciones sociales. Un ejemplo reciente de esta realidad en Chile es la exclusión de quienes no tienen RUT vigente de las medidas económicas de urgencia dispuestas por las autoridades para enfrentar los costos del confinamiento”, explica. Respecto a las dos indicaciones que los senadores de oposición lograron incluir, la Dra. Pinto Baleisan agrega que “una orientada a otorgar una permanencia transitoria sujeta a condiciones para la búsqueda de oportunidades, la cual puede ser solicitada al entrar al país por 90 días; y otra que busca establecer mecanismos de regularización para extranjeros que ya residen en Chile. Estas medidas no son reflejo de una mayor apertura de las fronteras ni implican una amenaza para el empleo post pandemia”. Añade que “los flujos migratorios no se detienen por las normativas de los países, éstas simplemente producen más o menos irregularidad migratoria. Estas indicaciones brindan alternativas consensuadas y con requisitos para la regularización de personas indocumentadas. Se orientan a favorecer su inclusión en el marco del cumplimiento de las exigencias de la ley, restando espacios de arbitrariedad para funcionarios y autoridades de turno”. La académica de la UVM hace mención que la literatura internacional largamente ha insistido en que “las poblaciones migrantes trabajan mayoritariamente en empleos que los nacionales no quieren ejercer, aportando en sectores claves de la economía como la construcción y los servicios. Es indispensable velar por su incorporación en condiciones de igualdad laboral para justamente proteger sus derechos como trabajadores y los de toda la población”. Finalmente, la socióloga señala que “importa garantizar la participación de la ciudadanía en los procesos de legislación. Priorizar un enfoque de derechos en las políticas públicas implica entender la participación a la vez como un objetivo, una meta y una estrategia. Porque justamente son las personas migrantes, a través de sus propias organizaciones, quienes más pueden aportar con sus miradas a la búsqueda de soluciones. Apoyar su empoderamiento nos permite dejar atrás el asistencialismo y fortalecer la idea de sujetas y sujetos de derechos”.

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